Todo lo que necesitas saber para instalar videovigilancia respetando la privacidad y evitando sanciones legales.

En las comunidades de propietarios, las cámaras de seguridad son una herramienta esencial para proteger tanto los bienes como la tranquilidad de los vecinos.

Desde la disuasión de delitos hasta el control de accesos, estos sistemas contribuyen a crear un entorno más seguro. Sin embargo, su instalación y uso requieren una gestión responsable para cumplir con la normativa vigente de protección de datos personales.

Este artículo te detallamos cómo las comunidades pueden aprovechar los beneficios de la videovigilancia respetando siempre los derechos de privacidad de residentes y visitantes.

Cumplir con la normativa de protección de datos: una prioridad

En España, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales (LOPDGDD) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea regulan el uso de cámaras de videovigilancia. Estas normas buscan garantizar un equilibrio entre la seguridad y el respeto a la privacidad.

Al instalar cámaras, es imprescindible evaluar su impacto en la privacidad y asegurarse de que su uso sea transparente, proporcional y justificado.

Esto incluye evitar grabar áreas privadas, como ventanas o balcones, y centrarse únicamente en zonas comunes relevantes para la seguridad de la comunidad.

Ha de existir un equilibrio ‘necesario’ entre protección y privacidad, por ello debes aprender cómo las cámaras de seguridad pueden proteger a tu comunidad sin vulnerar los derechos de privacidad de los vecinos.

Puntos clave para una instalación legal de videovigilancia

1. Finalidad y proporcionalidad: Las cámaras deben tener un objetivo legítimo, como prevenir delitos o proteger zonas comunes. Su ubicación debe ser estratégica para minimizar la captación de imágenes de áreas privadas.

2. Información clara a los residentes: Es obligatorio informar a los vecinos sobre la instalación de las cámaras mediante carteles visibles. Estos deben incluir información sobre quién gestiona los datos, la finalidad de las grabaciones y los derechos de los afectados.

3. Acceso y conservación de las grabaciones: El acceso a las grabaciones debe limitarse a personas autorizadas, como administradores o empresas de seguridad. Además, las imágenes no pueden conservarse más allá del tiempo necesario, siendo 30 días el plazo recomendado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Para tener una comunidad segura la normativa a aplicar es clara, sólo tienes que descubrir los requisitos legales esenciales para instalar sistemas de videovigilancia sin infringir la Ley.

Responsabilidad y medidas esenciales para cumplir la normativa

Cumplir con la legislación no es únicamente una recomendación es una responsabilidad que recae en la comunidad de propietarios, especialmente, en su presidente y administrador.

Para garantizar la legalidad y la seguridad de los sistemas de videovigilancia, se deben implementar las siguientes medidas:

1. Contratar una empresa especializada: Contar con expertos, como segurikus, asegura que las cámaras y sistemas cumplan con los requisitos legales. Además, como  profesionales garantizamos que las grabaciones se almacenen en servidores seguros y que el acceso esté debidamente controlado.

2. Redactar un protocolo de acceso: Este documento debe especificar quién puede acceder a las grabaciones, bajo qué circunstancias y cómo se gestionan los datos. Un protocolo claro no sólo protege a la comunidad, sino que también establece un marco legal sólido.

3. Formación y sensibilización: Administradores y presidentes de comunidad deben conocer sus responsabilidades legales y fomentar la concienciación entre los vecinos. Es fundamental que todos entiendan que el uso de cámaras debe respetar estrictamente los límites legales y éticos.

Garantizar que los sistemas sean seguros y cumplan con la normativa de protección de datos es una responsabilidad compartida por administradores y presidentes de comunidad.

Las consecuencias del incumplimiento normativo

El incumplimiento de la normativa de videovigilancia puede tener graves consecuencias legales y económicas.

La AEPD puede imponer sanciones que van desde amonestaciones hasta multas significativas. En casos extremos, la comunidad podría verse obligada a desinstalar las cámaras o eliminar las grabaciones de forma permanente.

Adoptar un enfoque proactivo y legal desde el principio evita estos problemas, protege la inversión en seguridad y genera confianza entre los residentes.

Evita multas y problemas legales con asesoramiento experto. Contratar una empresa especializada como segurikus te asegura la instalación y el uso correcto de cámaras en tu comunidad.

Compromiso con la seguridad y el respeto a la privacidad

En definitiva, implementar un sistema de videovigilancia en comunidades de propietarios debe hacerse con máxima responsabilidad. Esto significa garantizar la seguridad y también respetar los derechos de privacidad de todos los residentes y visitantes.

Contar con el asesoramiento de empresas especializadas, como segurikus, es una excelente forma de asegurarse de que las cámaras cumplan con las normativas y protejan tanto a las personas como a sus datos personales.

La combinación de legalidad, seguridad y respeto a los derechos individuales es la clave para crear un entorno confiable y tranquilo para todos los vecinos.

Contratando una empresa especializada y experta como segurikus te aseguras la instalación y el uso correcto de cámaras en tu comunidad, evitándote posible multas y problemas legales.